Comentario

Cuando se estudia el reinado de Fernando VII se olvida con frecuencia la enorme dificultad económica en la que se desenvolvieron los políticos y los gobernantes de la época, tanto absolutistas como liberales. Para comprender en toda su dimensión este difícil periodo de nuestra Historia es menester tener en cuenta la ruina total en la que cayó el país, porque de lo contrario acabaríamos por achacar únicamente a los cambios políticos, o peor aún, a la incapacidad de los dirigentes, o a su torpeza, todas las calamidades por las que atravesó España durante el primer tercio del siglo XIX.
Los últimos años del siglo XVIII contrastan considerablemente con la tendencia económica general que se había seguido, al menos, desde 1750. Las guerras y las revoluciones finiseculares provocaron una crisis económica. Esta crisis se caracterizó por tres factores esenciales: a) por la sobreabundancia del crédito y de la circulación fiduciaria; b) por la gran subida de precios; y c) por la insuficiencia del presupuesto para atender a los gastos.

La subida de precios produjo en un principio un proceso expansivo. Benefició a los grandes propietarios que tenían acceso directo a la producción de sus tierras. Por su parte, los que las tenían arrendadas, trataron de subir las rentas a sus colonos. Los que verdaderamente salieron perjudicados fueron los jornaleros. En el sector urbano, la inflación benefició a pocos y perjudicó a la mayoría, porque los productos alimenticios se encarecieron más que los manufacturados. Los funcionarios y todos aquellos que recibían un salario fueron los que más perdieron.

Pierre Vilar pretendía demostrar que lo que ocurrió a finales del siglo XVIII no fue un fenómeno de inflación, sino más bien de exceso de crédito. Pero para muchos efectos viene a ser lo mismo. Abundaba el dinero y escaseaban los fondos del erario público. Las grandes monarquías de Occidente padecían una escasez de numerario cada vez mayor, sobre todo a causa de las guerras, y arbitraron como solución de urgencia la emisión de papel de deuda. Una solución hubiese sido la de aumentar los ingresos del Estado mediante la reforma del sistema fiscal. Pero esa medida tropezó en España con la oposición de la Corona, que se negaba a tomar en consideración una reforma que estuviese basada en la nivelación de los reinos y las provincias privilegiadas y en la eliminación de las exenciones de la nobleza y del clero. Así es que los ministros de finanzas se decidieron por la medida más fácil de emitir vales reales, y más tarde decretaron la circulación obligatoria de ese papel con una función más o menos parecida a la de nuestro papel moneda.

La emisión de papel se produjo en Francia, en forma de los famosos "assignats", y también en Gran Bretaña. En España, como en estos países, se recurrió a la misma medida. Para atender a los gastos provocados por la intervención en la guerra de la Independencia de Estados Unidos de América, Carlos III emitió entre 1780 y 1782 vales por un valor total de 450 millones de reales. Carlos IV emitió vales en 1795 por valor de 963 millones para hacer frente a los gastos de la guerra de la Convención, y en 1799, autorizó una nueva emisión de 796 millones, a raíz de la reapertura de hostilidades con Gran Bretaña. Sin embargo, estas medidas, que no solucionaron la penuria de las arcas reales, contribuyeron a acelerar la desconfianza de los tenedores, que advirtieron la no convertibilidad del papel, y aceleraron el proceso inflacionario.

La curva de precios en España alcanzó su punto máximo en 1799, año en el que el índice, con base 100 a comienzos del siglo XVIII, llegó a tener el valor de 198. Durante los primeros años del siglo XIX, los precios siguieron creciendo hasta alcanzar un índice de 221 en 1812. Además de la indiscriminada emisión de los vales y sin descartar las razones climáticas de sequía y heladas, que sin duda jugaron un papel relevante en esta carestía y de las cuales existen abundantes testimonios contemporáneos, no podemos dejar de lado las consecuencias de las guerras, ni la muy importante de la emancipación económica de América. Esta tuvo lugar años antes de que las colonias obtuviesen su emancipación política y se produjo como consecuencia de la imposibilidad de que España pudiese abastecerlas a causa de la guerra con Inglaterra. El 18 de noviembre de 1797, Carlos IV se vio obligado a emitir el decreto de Libre Comercio de las colonias con los países neutrales, que autorizaba a sus posesiones ultramarinas a comerciar directamente con los países que no intervenían en la guerra. Las colonias se dieron cuenta que la ruptura del monopolio les permitía un mejor comercio con otros países -sobre todo con los Estados Unidos- y un más rápido y más barato abastecimiento, con lo que se resistirían a volver al antiguo sistema una vez vuelta la normalidad. En efecto, España ya no pudo dar marcha atrás a esa medida y desde entonces se puede decir que perdió ese mercado trasatlántico que había sido una de las bases fundamentales de la riqueza económica de la Monarquía durante siglos. La falta de salida para los productos manufacturados, las consiguientes quiebras de fábricas y talleres y la falta de trabajo, afectaron sin duda al fenómeno de la inflación. El nuevo siglo comenzaba con graves problemas económicos que no harían sino agravarse en los años siguientes.